« »

SENTENCIA DE 23 DE ABRIL DE 2015 TJUE: ¿OTRA CUESTIÓN PREJUDICIAL?

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

    El 23 de Abril de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaba sentencia en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el TSJ del País Vasco,  sobre la adecuación del Derecho sancionador, previsto en la LO 4/2000, en relación con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, concretamente respecto al sistema de expulsión y multa contenido en la Ley de Extranjería española. Nada más ver la luz, la controvertida sentencia,  alarmaba a todos los profesionales dedicados al derecho de extranjería.

      La sentencia de 23 de Abril de 2015 TJUE resolvía la cuestión prejudicial planteada cerrando una vía que, hasta el momento y desde el año 2.005  se estaba siguiendo conforme a la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, relativa a considerar, como sanción principal, la  multa y  que reservaba la expulsión para aquellos supuestos en los que concurrieran otros datos negativos, todo ello valorado conforme al “principio de proporcionalidad”.

      La conclusión a la que llega la sentencia de 23 de abril de 2015  TJUE debe considerarse viciada por partir de la siguiente una premisa incompleta: “la normativa nacional … permite sancionar la situación irregular de un extranjero … con una sanción económica que, además, resulta incompatible con la sanción de expulsión”. Esta afirmación  resulta incompleta al emplearse el adverbio “exclusivamente” acotando la sanción de multa, ya que la declaración de estancia irregular con sanción de multa que permite imponer la L.O. 4/2000 a las situaciones de mera estancia irregular  tiene implícita la consecuencia de apercibimiento de salida del territorio nacional en el plazo que se establezca en la resolución sancionadora que, en todo caso, será por un máximo de quince días, con advertencia de expulsión. Es decir, no solo contiene, el derecho sancionador español, una multa económica (que es la premisa incompleta de la que se parte en la STJUE), sino que conlleva  imperativamente “la obligación legal de abandono del territorio español en el plazo de 15 días naturales, con la advertencia de sanción de expulsión en caso de incumplimiento de dicha obligación” , lo que no es otra cosa, que la decisión de retorno contemplada en la referida directiva, cuestión sustraída a la decisión del tribunal europeo.

      Con motivo de las discusiones y reflexiones que ha recibido la sentencia, ya hay juzgados, como por ejemplo, el Juzgado Contencioso administrativo nº 3 de San Sebastián, que se está planteando, con el fin de resolver, de una vez, la compatibilidad de la vigente regulación de la legislación española entre la sanción de multa que lleva aparejada la obligación de salida y la expulsión. Sugiriendo que, esta vez, la cuestión prejudicial quedaría redactada y se elevaría de la siguiente forma:

      “Si una normativa permite sancionar, en los supuestos de mera estancia irregular, con multa pecuniaria y la obligación legal de abandonar el territorio en el plazo de 15 días naturales, con la advertencia de sanción de expulsión en el caso de incumplimiento de dicha obligación, se opone a las previsiones de los artículos 4.2, 4. Y 6.1 de la Directiva 2008/115/CE.”

      Entendemos que la cuestión así planteada sí se ajusta a la regulación interna, y que no tardaremos en tener sentencia, ahora sí, con los términos en los que se debe pronunciar correctamente planteados.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
SpainEnglish