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LA EXPULSIÓN COMO SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN. El nuevo artículo 89 del Código Penal

Art. 89 CP la sustitución por expulsión

Art. 89 CP la sustitución por expulsión

Hoy entra en vigor la reforma del código penal. Junto a otros muchos cambios me parece interesante incidir en la nueva redacción del art. 89, es decir, la disposición que regula las expulsiones judiciales, la sustitución de las penas privativas de libertad por expulsión. Hasta ahora la línea divisoria la teníamos en los seis años de condena, para condenas inferiores a seis años, estaba prevista la expulsión directa, aunque rara vez se producía sin cumplir al menos el denominado periodo de seguridad, y para penas superiores a seis años estaba prevista la expulsión cumplidas las tres cuartas partes de condena, o cuando accediera al tercer grado de tratamiento penitenciario, y siempre que habláramos de extranjeros en situación de irregularidad.

 La nueva redacción, que ya no distingue entre situaciones de regularidad o irregularidad, o incluso ciudadanos de la Unión Europea, marca la línea divisoria en los cinco años de condena, y con suelo en condenas superiores a un año: éstas se sustituirán de forma directa por expulsión, salvo circunstancias excepcionales, en las que el reo podrá cumplir hasta un límite de tres cuartas partes de condena, o cuando acceda a tercer grado de tratamiento penitenciario, o libertad condicional, se sustituirá el resto de condena por la expulsión.

 En el supuesto de condenas superiores a cinco años, bien sea por un único delito, o como consecuencia de la suma de varias penas, el Juez o Tribunal acordará el cumplimiento de “todo o parte” de la condena, sustituyendo el resto de la pena por la expulsión, y en todo caso, se sustituirá alcanzado el tercer grado de tratamiento penitenciario o la libertad condicional. Aquí parece planear la sombra del periodo de seguridad como mínimo de cumplimiento, aunque la práctica diaria nos llevará a expulsión a las tres cuartas partes de condena como supuesto general.

 La expulsión, que vendrá acordada en la propia sentencia, o en auto inmediatamente seguido a la firmeza de la sentencia condenatoria, conlleva la extinción de cualquier autorización de residencia que pudiera tener el interesado, y la prohibición de entrada en un plazo de cinco a diez años. El intento de regreso del extranjero expulsado a España conllevará, o el reinicio del cómputo del tiempo de prohibición de entrada, si no llega a consumar la entrada, o el cumplimiento en prisión de la pena sustituida si lo consumara.

 Únicamente en supuestos muy determinados se valorarán las circunstancias del hecho, y personales, particularmente el arraigo en España, para evitar la sustitución por expulsión. Evidentemente ha de quedar una puerta abierta para no vulnerar la directiva de residentes de larga duración.

 En definitiva, la reforma del artículo parece una trasposición de la filosofía del art. 57.2 de la Ley de Extranjería (LO 4/2000) al Código Penal, incluyendo a todos los ciudadanos extranjeros condenados a pena privativa de liberad superior a un año, sean regulares, irregulares o incluso ciudadanos de la UE. La reforma zanja, por vía penal, la discusión de la expulsión como sanción del art. 57.2 LO 4/2000, o la expulsión de ciudadanos de la UE conforme a su propio estatuto recogido en el RD 240/2007.

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