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DIVORCIO Y EXEQUÁTUR

hand-83079_960_720Son muchos los extranjeros que residiendo en España desean divorciarse y hacer valer ese divorcio en su país de origen así como son muchos los españoles, que viviendo fuera de España, desean no tener que venir a España a divorciarse pero sí que su divorcio surja efectos aquí.

Los extranjeros que se encuentran en España pueden acceder a los Tribunales, es un derecho que se les reconoce a los extranjeros, y que nuestro Tribunal Constitucional ha interpretado en diversas sentencias como un derecho inherente a la condición humana, con independencia de que los interesados sean españoles o extranjeros.

Por lo que todo extranjero, residente en España, puede divorciarse en España pudiendo, posteriormente, hacer valer esa sentencia de divorcio en su país de origen a través del exequátur, que no es otra cosa que un procedimiento especial cuyo objeto es declarar el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, autorizar su ejecución.

El exequátur en España viene recogido en el Título V de la Ley 29/2015 -artículos 41 a 61, que especifica que son susceptibles de reconocimiento y ejecución en España tanto las resoluciones judiciales extranjeras definitivas recaídas en un procedimiento contencioso como las adoptadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

 Es importante precisar que esta nueva ley 29/2015  se aplica a  resoluciones originarias de países con los que no se mantiene ningún vínculo, pues en aquellos otros casos rige, o bien el tratado bilateral de ejecución de sentencias, o, bien en el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento (UE) 1215/2012, de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y normas concordantes. Ya la propia ley reconoce que la Ley 29/2015 es “subsidiaria” de normas internacionales e internas especiales.

EL PROCESO DE EXEQUÁTUR EN ESPAÑA

En cuanto al proceso en España del exequátur, éste se ha simplificado y modernizado notablemente desarrollándose de la siguiente forma:

Las partes deberán estar representadas por procurador y asistidas de letrado, se iniciará mediante demanda a instancia de cualquier persona que acredite un interés legítimo. La demanda de exequátur y la solicitud de ejecución podrán acumularse en el mismo escrito. No obstante, no se procederá a la ejecución hasta que se haya dictado resolución decretando el exequátur.

 Podrán solicitarse la de adopción de medidas cautelares, con arreglo a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aseguren la efectividad de la tutela judicial que se pretenda.

La demanda se habrá de dirigir contra aquella parte o partes frente a las que se quiera hacer valer la resolución judicial extranjera.

La demanda se ajustará a los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y deberá ir acompañada, de:

a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.

b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento o el documento equivalente.

c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley aplicada por el tribunal de origen.

d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La demanda y documentos presentados serán examinados por el secretario judicial, que dictará decreto admitiendo la misma y dando traslado de ella a la parte demandada para que se oponga en el plazo de treinta días. El demandado podrá acompañar a su escrito de oposición los documentos, entre otros, que permitan impugnar la autenticidad de la resolución extranjera, la corrección del emplazamiento al demandado, la firmeza y fuerza ejecutiva de la resolución extranjera.

El secretario judicial, no obstante, en el caso de que apreciase la falta de subsanación de un defecto procesal o de una posible causa de inadmisión, con arreglo a las leyes procesales españolas, procederá a dar cuenta al órgano jurisdiccional para que resuelva en plazo de diez días sobre la admisión en los casos en que estime falta de jurisdicción o de competencia o cuando la demanda adoleciese de defectos formales o la documentación fuese incompleta y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo de cinco días concedido para ello por el secretario judicial.

Formalizada la oposición o transcurrido el plazo para ello sin que la misma se haya formalizado, el órgano jurisdiccional resolverá por medio de auto lo que proceda en el plazo de diez días.

El Ministerio Fiscal intervendrá siempre en estos procesos, a cuyo efecto se le dará traslado de todas las actuaciones.

Contra el auto de exequátur solo cabe interponer recurso de apelación de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia, la parte legitimada podrá interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Buscáis el reconocimiento de una resolución judicial extranjera o, en su caso, la ejecución?

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