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CADENA PERPETUA EN ESPAÑA

The Shawshank Redemption

CADENA PERPETUA

      Con la entrada en vigor, el pasado 1 de Julio de 2015, de la reforma del código penal español, se introducía en nuestro ordenamiento jurídico, por primera vez desde la vigente  CE de 1978, la prisión permanente revisable, que no es otra cosa que una cadena perpetua encubierta y que supone  la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada.

     Dicho lo anterior, se aplicará la prisión permanente revisable a los siguientes delitos: los asesinatos especialmente graves, que son los de menores de 16 años o de persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; los subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; los cometidos en el seno de una organización criminal; los reiterados o cometidos en serie; los cometidos contra el Rey o la Reina o el Príncipe o la Princesa de Asturias, contra jefes de Estado extranjeros; el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

     Después del cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, y acreditada la posible reinserción del penado, entrará en juego la aplicación del sistema de revisión que permitirá la puesta en libertad del condenado si cumple los requisitos recogidos en el art. 92 CP. Esta revisión se podrá realizar a petición del reo una vez al año o de oficio por un tribunal colegiado, al menos cada dos años. Los requisitos recogidos en el art. 92 son: que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis; que se encuentre clasificado en tercer grado; que el Tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el Centro Penitenciario y por aquellos especialistas que el propio Tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

     Si se tratara de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del propio código penal, a mayores, será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

     En todo caso y teniendo en cuenta el requisito de temporalidad para la aplicación del sistema de revisión y la sensibilidad del derecho penal a los cambios de gobierno, es muy probable que este sistema de revisión no lo lleguemos a ver nunca.

Conflicto con la Constitución española

    En España la cadena perpetua no estaba contemplada hasta la fecha en sus leyes penales, dada la orientación del Derecho Penal a la resocialización de la persona penada.

     El Art. 25.2 de la Constitución Española señala que: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. La cadena perpetua aniquila, para el condenado, precisamente esa posibilidad de reinserción social que recoge nuestra constitución.

      Los argumentos del gobierno, artífice de esta reforma, son los de adaptarse al siglo XXI y castigar los crímenes que más repugnan a la sociedad pero parece que más bien, lo que pretende este gobierno, es retrotraernos hasta el mismísimo siglo XIX , siglo  en el que quedó el último código penal que incluía está medida.

       De lo que no tenemos ninguna duda es de que el derecho penal deber ser la “última opción” por lo que adoptándose estas medidas lo único que admite este gobierno es que desde la familia hasta el sistema educativo, pasando por los sistemas de protección, están fallando y, eso, la introducción de una pena, asemejable a la cadena perpetua, no lo va a enmendar.

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