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ABSURDOS EN LA PRESCRIPCIÓN DE LAS EXPULSIONES

 

Expulsiones y prescripción

Expulsiones, prescripción y arraigo

       ¿Tiene sentido hablar de prescripción de la expulsión en los expedientes sancionadores de extranjería? Sinceramente, no mucho. Una institución jurídica tan importante como la prescripción de infracciones o sanciones, clave en el principio de seguridad jurídica, queda sin contenido en la ley de extranjería. Para hablar de prescripción en expulsiones, tenemos que tener en cuenta que ha de existir una sanción de expulsión, y que el ciudadano no la cumpla, que se encuentre en el territorio nacional a la espera de que el tiempo la borre.

            Dice la ley de extranjería (LO 4/2000, art. 56) que las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por sanciones graves a los dos, y las relativas a las leves, al año. Pero, si la sanción impuesta fuera la expulsión, normalmente asociada a una infracción grave, el cómputo del tiempo para la prescripción comenzará a contar una vez transcurrido el tiempo fijado de prohibición de entrada en el denominado “Espacio Schengen”. Recordemos que las expulsiones llevan aparejada, como accesoria, una prohibición de entrada, no únicamente en España, sino en todos los países firmantes del Acuerdo de Schengen, esto es prácticamente toda la Unión Europea, excepto en los supuestos de salida voluntaria tras un procedimiento ordinario, o durante la instrucción del procedimiento preferente, como ya comentamos en su día al hablar de las consecuencias de las salidas voluntarias en las expulsiones (ver post).

             La prohibición de entrada se ha visto afectada por las múltiples, casi infinitas, reformas de la ley de extranjería. En la actualidad no hay fijado suelo, es decir, tiempo mínimo de prohibición de entrada en las expulsiones, aunque sí techo, por un máximo de cinco años y excepcionalmente diez, aunque los tribunales van fijando un mínimo de un año. Con estos datos tenemos que la sanción, cuando hablemos de falta grave, por ejemplo la mera estancia irregular prescribe como pronto a los tres años (uno de prohibición de entrada más otros dos de prescripción). A los tres años, como mínimo, quedaría sin efecto la resolución de expulsión.

             A este cómputo hay que añadir el tiempo que llevaba el ciudadano extranjero en España hasta que se le inició el expediente de expulsión, esto es, el extranjero necesariamente lleva ya en España bastante más de tres años a esa fecha, tenemos que tener en cuenta que normalmente los tres primeros meses de permanencia en España (salvo que el visado exprese otra cosa) se configuran como estancia, sobre todo con respecto a los países con los que tenemos convenio de supresión de visados, y esos tres meses son de estancia regular, el expediente será posterior, así que al menos llevará tres años y tres meses.

 El arraigo… y las expulsiones

            Con esto en mente, tenemos que traer a colación los artículos 124.2 y 241.2 del RD 557/2011, que nos dicen que a los tres años de permanencia en España el ciudadano extranjero puede solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales (arraigo social), y que si tuviera resolución de expulsión por estancia irregular, esta se revocará si cumple los requisitos para el arraigo social, tres años de permanencia en España, carecer de antecedentes penales, y disponer de medios de vida.

            Con lo cual, esperar a que prescriba la sanción de expulsión, para solicitar un arraigo, queda sin contenido, la institución de la prescripción queda sin objeto, al menos, en estos supuestos.


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